La estructura social Argentina desde hace varias décadas se encuentra en
inestabilidad, sujeta a fluctuaciones económicas, políticas y sociales - para nombrar las más ostensibles- entre otras. Esto
nos coloca de frente a una Argentina en transición, pero con rasgos de permanencia ya que los principales elementos de la
estructura social no logran redefinir sus funciones sociales para lograr el cambio. Existe una heterogeneidad de grupos sociales
altamente estratificados, lo que provoca una amplia gama de desigualdades y distancia social entre los estrados, donde cada
vez hay más pobres y los pocos ricos acumulan más riqueza.
En este contexto nació la idea de formar un espacio donde se puedan debatir con amplitud de criterios y con claridad de
objetivos, todas las cuestiones que tienen incidencia en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y en el
Derecho Administrativo que la regula, como una forma de aportar elementos para arribar al inevitable cambio social que reclama la
estructura.
Todo cambio social deviene del conflicto cultural, o de la inestabilidad social. Este estado de cosas es evidente en la
Provincia, ejemplos nos sobran:
1. Leyes de emergencia que permiten la reducción de los salarios y jubilaciones de los agentes estatales.
2. Privatización de servicios públicos con altos costos para los usuarios.
3. Ineficiente prestación de los cometidos esenciales del estado: educación, justicia, seguridad, salud y vivienda.
4. Ausencia de políticas públicas que permitan combatir la indigencia y la exclusión de grandes masas de población.
Pero el cambio necesita de herramientas idóneas que lo propicien. Como primer paso se debe elaborar un buen diagnóstico de la
realidad social, y para llegar a ello resulta imperioso abandonar los prejuicios, los preconceptos y, en especial, el dogmatismo que
muchas veces distorsiona la realidad.
En esta realidad se observa que los cuadros burocráticos de la Administración Pública provocan más conflictos que soluciones,
consumen más tiempo y recursos que prestaciones; dan prioridad sus propias necesidades internas antes que la de los administrados.
Todo esto no puede perderse de vista al momento de efectuar cualquier análisis respecto de la administración pública.
Los problemas se encuentran identificados y reconocidos, recientemente el canciller en la cumbre de la OEA Rafael Bielsadefinió a la corrupción como "una epidemia que hay que rodear de un cordón sanitario" y juzgó que se trata de un problema que tiene
que ver "con el clima moral de la sociedad"(v. Diario La Nación, 08/06/2004, Página 08). Por ello a lucha contra la corrupción es
una tarea necesaria para enfrentar la pobreza, el hambre y la desigualdad social.
El interés público es el fundamento del Derecho Administrativo y se encuentra concentrado en los objetivos y valores de la
Constitución Nacional, por ello debemos tomar nota que: “...En nuestra Argentina de hoy la pobreza ya no es un asunto social,
sino una cuestión de Estado. La mitad del país no pobre no será capaz de sostener, en el largo plazo, ni los equilibrios sociales
ni los económicos ni los políticos con semejante contrapeso. El tamaño actual de la pobreza y la bruma de desesperanza que cubre
el horizonte de los pobres compromete tres principios básicos de la nacionalidad enunciados en el preámbulo de la Constitución: la
unión nacional, la paz interior y el bienestar general” (v. Daniel Larriqueta, La pobreza, una cuestión de Estado, Diario La
Nación, 07/07/2004, Página 17).
En el Derecho Administrativo, por su parte, se debaten conceptos y teorías pretendiendo objetividad e imparcialidad; sin embargo todo
conocimiento científico lleva insito alguna ideología que le sirve de punto de partida. En el campo de las ciencias esto se admite
sin causar ya mayores polémicas, pero lo que sí se cuestiona es pretender neutralidad como si el investigador o el teórico
vivieran fuera de la cultura que le sirve de base para todo entendimiento humano. En definitiva lo malo no es tener
ideologías, lo malo es ocultarlas.
Los operadores del derecho ya no podemos ser meros espectadores, tenemos la obligación de desenmascar las teorías, los conceptos y las
definiciones jurídicas, poniendo en claro cuáles son sus puntos de partida y qué visión del mundo sustentan, para colaborar de modo
activo con la consolidación del cambio social que reclama nuestro país.
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